León Castellanos-Jankiewicz: “La responsabilidad de las armerías no termina en la puerta de su fábrica”

León Castellanos-Jankiewicz (Mérida, México, 40 años) tiene ojos entrenados para leer el detalle entre líneas. Desde la Universidad de Ámsterdam y La Haya, donde dirige una clínica jurídica sobre comercio de armas y trabaja en el Instituto Asser para el Derecho Internacional y Europeo investigando las consecuencias humanas del tráfico ilícito de armamento, observa con precisión quirúrgica una realidad que desangra a su país: 135.000 armas cruzan cada año de Estados Unidos a México, la mayoría provenientes de pequeños o medianos comercios. “La Suprema Corte de Estados Unidos nos ha dado una nueva ruta”, dice.

Mexicano, yucateco y doctor en derecho internacional, Castellanos-Jankiewicz forma parte de un frente legal que no dispara balas, pero sí estrategias. La semana pasada, el Gobierno mexicano volvió a insistir en su ofensiva jurídica contra los fabricantes de armas estadounidenses. La primera acción legal se presentó en agosto de 2021 ante un juez de distrito de Boston, Massachusetts, contra varias compañías —entre ellas Smith & Wesson y Glock— por prácticas comerciales negligentes que, según México, facilitan el tráfico ilegal transfronterizo. En octubre de 2022, la demanda fue desestimada, pero el Estado mexicano apeló.

Este 5 de junio, la Corte Suprema de Estados Unidos amparó a las empresas demandadas. El experto mexicano no lo interpreta como una derrota: “El litigio es largo, pero el mensaje ha quedado claro”. Habla de disuasión, presión legal y de los efectos que pueden derivarse del fallo del alto tribunal. Porque la posible responsabilidad civil de las armerías por el tráfico ilícito hacia México era algo que la Corte estadounidense nunca antes había evaluado.

En entrevista con EL PAÍS, Castellanos-Jankiewicz habla con datos y convicción porque México no está solo. En Bahamas, República Dominicana y Haití, entre el 80% y el 99% de las armas ilegales provienen de Estados Unidos. También se ha conocido este lunes que el atentado que mantiene entre la vida y la muerte al precandidato colombiano Miguel Uribe, se hizo con una pistola Glock comprada por primera vez en agosto de 2020 en Arizona. “Ante este panorama regional, México puede ser la punta de lanza para cambiar esta realidad”, afirma, “pero la presión no puede parar. Tenemos que seguir”.

Pregunta. ¿Cómo interpreta el fallo del Tribunal Supremo?

Respuesta. En cierto modo, era previsible. Sin embargo, lo interpreto como una oportunidad perdida para la sociedad estadounidense de mirarse hacia adentro y reconocer que enfrenta un problema grave. Esta pudo haber sido una ocasión para la autorreflexión, para reconocer la dimensión transnacional del tráfico de armas y al menos poner en tela de juicio un modelo de negocios que tiene muchos desperfectos.

P. ¿Le sorprendió que la decisión haya sido unánime, incluso con el respaldo de jueces considerados progresistas?

R. Desde que la facción conservadora de la Suprema Corte obtuvo una supermayoría en octubre de 2020 ha habido un repunte histórico en las decisiones unánimes de ese tribunal. Eso ya dice mucho sobre la política interna de la Suprema Corte y su relación, ahora muy tensa, con la istración del presidente Donald Trump. Me parece que la Corte está bajo una fuerte presión para mostrar unidad en ciertos asuntos, y este fue uno de ellos.

P. ¿Cuál cree que fue el argumento jurídico clave que cerró la puerta a la demanda?

R. El argumento clave de la Suprema Corte fue que México no logró demostrar que las empresas demandadas “ayudaron” o “facilitaron” el tráfico ilícito de armas. En términos legales, se trata del concepto de aiding and abetting, que se traduce como coadyuvar o instigar la comisión de un delito. No llega a ser complicidad, que es un grado más grave, pero sí implica una forma de participación activa o indirecta. La Corte analizó si las empresas manufactureras estaban, de algún modo, colaborando o fomentando que los traficantes hicieran llegar las armas desde Estados Unidos a México. Y concluyó que no. Ese fue el argumento con el que México perdió el caso.

P. México, sin embargo, tenía dos argumentos principales. ¿Qué sucedió con el segundo?

R. El primero es el de la participación indirecta o facilitación del delito, que fue rechazado. El segundo, que la Corte ya no abordó, tiene que ver con el vínculo causal entre las acciones de las empresas y el daño ocasionado en México: las muertes, la violencia, la presencia de armas en manos del crimen organizado.

México planteaba que, si uno reconstruye paso a paso el recorrido de un arma —desde la escena del crimen en México hasta su fabricación en Estados Unidos—, se encuentra una conexión directa entre las decisiones comerciales de estas empresas (en producción, distribución y marketing) y la violencia que ocurre en territorio mexicano. Las empresas, por su parte, respondieron que esa cadena de hechos se interrumpe con la acción de los traficantes. Es decir, cuando un tercero compra ilegalmente un arma y la introduce a México, ese acto constituye un delito independiente que rompe la responsabilidad legal de las empresas.

P. Aunque el fallo frena el avance jurídico para este caso, ¿cree que abre nuevas posibilidades políticas o diplomáticas entre México y Estados Unidos?

R. Por supuesto que sí. Creo que esta demanda, aunque jurídicamente no haya prosperado, ha tenido un impacto político significativo: logró colocar el tema del tráfico de armas en el centro de la agenda bilateral entre México y Estados Unidos. Además, le ha permitido al Gobierno mexicano sostener una discusión franca sobre la responsabilidad estadounidense, sin necesidad de confrontar directamente a sus funcionarios. En lugar de eso, se enfocó en las empresas —y no en cualquiera, sino en las seis fabricantes cuyas armas representan cerca del 90% de las recuperadas en México.

P. Varios expertos han señalado que, pese a la derrota legal, este caso tiene un alto valor simbólico. ¿En qué radica ese valor?

R. Para empezar, ha permitido que las mexicanas y los mexicanos comprendamos mejor lo que está ocurriendo en nuestro país y, sobre todo, por qué está ocurriendo. Creo que hay un antes y un después de la demanda en términos del discurso sobre la violencia en México. Antes, tendíamos a asumir que la responsabilidad era enteramente nuestra, que el problema tenía raíces profundamente internas. Pero esta demanda ha visibilizado que se trata también de un fenómeno transnacional, donde muchos de los factores que alimentan la violencia —como el flujo de armas— vienen desde el exterior.

P. ¿Qué implicaciones tiene esta resolución para las víctimas de la violencia armada?

R. Una de las metas principales de este tipo de acciones legales es precisamente buscar una compensación económica por los daños sufridos. Esta vía puede representar una oportunidad real para las víctimas, especialmente en contextos donde no encuentran justicia en los canales tradicionales. Existen muy pocas demandas en contra de empresas fabricantes de armas a nivel global y la estrategia de México es un parteaguas.

P. ¿Cree que este tipo de presiones —legales, políticas o mediáticas— puedan llevar a la industria armamentista a cambiar voluntariamente sus prácticas?

R. Sí. Ninguna empresa con recursos limitados quiere verse envuelta en un litigio en cortes federales durante tres, cinco o seis años. Si no lo hacen por responsabilidad ética o por la diligencia debida, lo harán por proteger sus intereses financieros. Y, de una forma u otra, ese es precisamente uno de los objetivos de México: que las empresas se autorregulen.

P. ¿Qué mensaje le deja esta experiencia jurídica al resto del mundo respecto a la rendición de cuentas de las industrias poderosas?

R. El mensaje es claro: nadie está por encima de la ley. En un mundo tan interconectado, donde el comercio trasciende fronteras, la responsabilidad de una empresa no termina en la puerta de su fábrica.