El Constitucional inicia el debate sobre la amnistía con el objetivo de no prolongar las deliberaciones

El Constitucional celebra el martes su primer pleno dedicado a la ley de amnistía con la intención de que la sentencia que avalará la norma esté lista a finales de junio o como muy tarde la primera semana de julio. Los magistrados progresistas trabajan con este calendario a pesar de la resistencia del sector conservador, que ha intentado retrasar el fallo con diversas iniciativas.

En el tribunal se trabaja con la idea de que durante la deliberación de la norma, este bloque insistirá en que el órgano de garantías debería esperar a que la justicia europea se pronuncie sobre la ley, dejando en suspenso la sentencia hasta entonces. Esta tesis no tiene ninguna posibilidad de prosperar, dado que el grupo progresista, mayoritario en la actualidad, la rechaza de plano, según fuentes de la institución.

La primera aproximación al borrador de sentencia ―distribuido a los magistrados la pasada semana― va a consistir en la presentación y defensa de la propuesta de la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, que ha dirigido el equipo de abogados que ha preparado el texto. La ponencia recoge algunas tachas a aspectos secundarios de la ley, pero en el tribunal se da por hecho que la verdadera batalla irá más allá y se centrará en una enmienda a la totalidad del bloque conservador, que considera directamente inconstitucional la figura de la amnistía.

Este sector, compuesto por cuatro magistrados tras la recusación de José María Macías, tiene asumido que está en minoría y da por hecho que su oposición a la ponencia no tiene posibilidad alguna de ser aceptada. El grupo progresista, integrado a su vez por seis magistrados tras la abstención de Juan Carlos Campo, no presenta fisuras y carece de dudas sobre la constitucionalidad de la ley. De hecho, el factor más relevante que queda por despejar es la fecha de la votación de la sentencia. La primera idea era el 26 de junio, pero los conservadores han vuelto poner sobre la mesa la petición para prolongar el periodo del estudio de la ponencia, algo a lo que ya se negó el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido. Ha sido el magistrado de este sector, Enrique Arnaldo, quien se ha dirigido por carta al presidente para que habilite los plenos correspondientes a los días 7 y 21 del mes de julio para seguir analizando el texto. Fuentes del tribual descartan esta posibilidad, ya que consideran que habrá tiempo suficiente con los tres días de deliberaciones del pleno que se celebrará entre el 24 y el 26 de junio.

En el Constitucional asumen la posibilidad de que se aplazase hasta el 7 de julio, pero esto solo sucederá si se comprueba que las intervenciones de los magistrados se extienden más allá de lo habitual. Sea cual sea la fecha de la votación y su previsible resultado a favor de la constitucionalidad de la ley, el bloque conservador no va a desistir de su objetivo de oponerse frontalmente a dicha norma ahora. El Constitucional dejará para después del verano las resoluciones relativas a las cuatro cuestiones de inconstitucionalidad presentadas por jueces y tribunales, entre ellas la del Supremo, y a las impugnaciones de las comunidades autónomas del PP, junto a la isión a trámite de la petición de amparo que, con toda seguridad, presentará Puigdemont más adelante. Lo podrá hacer cuando haya agotado sus recursos ante el Supremo, donde tiene pendiente ahora una cuestión de nulidad.

El recurso de amparo de Puigdemont se interpondrá contra la inaplicación de la ley de amnistía a su caso ―en concreto al delito de malversación―, factor que sigue retrasando su posible regreso a España. En el órgano de garantías se contempla la posibilidad de que la eventual concesión del amparo a Puigdemont ―o a Junqueras, que puede llegar antes, porque ya lo ha presentado― sea seguida por una hipotética consulta del Supremo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la compatibilidad de la amnistía con el derecho europeo.