El Congreso peruano aprueba una ley la amnistía para procesados por violaciones de derechos humanos

Mientras los peruanos blindan sus casas ante la inseguridad, los congresistas blindan su futuro. En marzo de 2025, una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos reveló que solo el 2% de la ciudadanía respalda el trabajo del Congreso, la cifra más baja desde el 2021. Lejos de tomar acciones para revertir ese rechazo, los parlamentarios prefirieron reforzar sus privilegios. Esta semana han aprobado medidas que pueden evitar la cárcel a responsables de violaciones a los derechos humanos y devolver la inmunidad a los futuros legisladores.

El jueves el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, llegó al Congreso para exponer la política general del Gobierno y solicitar el voto de confianza. En su exposición aseguró que devolverá la seguridad a las calles del país y adelantó que para enfrentar el crimen organizado transnacional se están evaluando mecanismos de cooperación para enviar a delincuentes de alta peligrosidad al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las cárceles de máxima seguridad símbolo de la guerra contra las pandillas emprendida por Nayib Bukele, presidente de El Salvador. La idea suena simple: mandar presos peligrosos fuera y liberar espacio en las cárceles peruanas. Pero lo que Arana no explicó es cómo se financiarán estos traslados. Estados Unidos, por ejemplo, pagará 20.000 dólares anualmente por cada preso. ¿Podrá ser viable esta medida para Perú? El Ejecutivo deberá responder.

Arana también planteó la creación de un servicio policial voluntario para labores istrativas y de apoyo y la posible creación de una Policía Municipal. A esto se suma uno de los anuncios que más resonó en su exposición: la formación de una comisión integrada por el Ejecutivo, el Legislativo, la sociedad civil, la academia, las instituciones y organismos competentes para evaluar la continuidad del país en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Al firmar el Pacto de San José, por ejemplo, la pena de muerte en ya Perú no está vigente. Esta, sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno de Dina Boluarte coquetea con esta idea. En diciembre de 2024, la presidenta se mostró a favor de “abrir el debate sobre la pena de muerte para violadores de menores”.

Las declaraciones de Arana en el Congreso trajeron consecuencias. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, cuestionó que no está demostrado que aplicar la pena de muerte sea eficaz para disuadir los actos criminales. “Creo que son propuestas básicamente populistas porque hay ciudadanos que creen que esta medida es fácil de hacer, se establece y al día siguiente es vigente”, cuestionó. Pese a la controversia, el Congreso decidió darle el voto de confianza a Eduardo Arana y sus ministros.

Por su parte, los parlamentarios volvieron a poner el dedo en una herida que aún no termina de cerrar en el país: las secuelas que dejó el Conflicto Armado Interno. Se conoce así al enfrentamiento que se dio entre el Estado peruano y los grupos subversivos Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que tuvo como consecuencia crímenes y violaciones de derechos humanos ocurridos entre mayo de 1980 y noviembre del 2000, tropelías que fueron investigadas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú (CVR). Las cifras son perturbadoras: más de 11.500 casos de violaciones de derechos humanos fueron documentados en esa época y se hallaron más de 4.600 entierros en el país.

Pese a ello, para el Congreso conceder amnistía a de la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y comités de autodefensa procesados por crímenes y otros delitos ocurridos en el Conflicto Armado Interno es una buena idea. La propuesta beneficiará a personas sin sentencia firme que estén denunciadas, investigadas o procesadas por delitos vinculados a la violación de derechos humanos, con excepción de procesados por delitos de terrorismo o corrupción de funcionarios, así como también a adultos mayores de 70 años sentenciados. La norma se aprobó con 61 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones.

Para Fernando Rospigliosi, autor del dictamen y miembro del partido fujimorista Fuerza Popular, esta medida tiene como objetivo acabar con procesos interminables “que no buscan justicia, sino venganza”. En esa misma línea su colega de bancada Martha Moyano defendió que “no puede una persona, así sea terrorista, así sea Abimael Guzmán, estar procesada 20 años”. Frente a esto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la medida, asegurando que se “pretende beneficiar a personas involucradas en graves violaciones de derechos humanos”.

Entre tanta urgencia nacional, si algo no podían olvidar los congresistas es cuidar su futuro. El 12 de junio aprobaron en el Pleno del Congreso la inmunidad parlamentaria para delitos comunes, con 92 votos a favor, 24 en contra y una abstención. Esta medida permitirá que los futuros senadores y diputados queden blindados durante su tiempo de función y 30 días después de dejar el cargo. Además, no podrán ser procesados ni quedar presos sin que la Cámara a la que pertenecen o la Comisión Permanente lo autorice. Esta reforma deberá ser ratificada en una segunda legislatura ordinaria y alcanzar como mínimo 87 votos a favor. De ser así, se implementará en el próximo periodo parlamentario. Para la legisladora Flor Pablo Medina, la inmunidad parlamentaria no es otra cosa que impunidad. “Recordemos lo que costó sacar al congresista Freddy Díaz que violó a su trabajadora y hoy está preso. No debemos permitir que la historia se repita”, sentenció.